Reconocimiento, en primer lugar, de lo más cercano, del dolor de la mujer que sufre sin remedio las consecuencias de unas actitudes provocadas por una cultura social que por denostada se hace casi invisible, pero que está, existe y nos incumbe.

Reconocimiento de que los malos tratos y la violencia de género no son un problema privado sino una cuestión de dignidad social y que desde esa perspectiva queremos seguir revindicando el importante papel encomendado a las instituciones en su labor de implantación de políticas encaminadas a su denuncia, control y desaparición. Reconocimiento también del imprescindible papel de la educación para la prevención, detección y erradicación de una lacra que sigue segando vidas de mujeres y destruyendo proyectos humanos. Todas y todos debemos ser educadores necesarios y exigir ser educados y educadas en el respeto y defensa de los valores de las personas independientemente de su sexo.

Reconocimiento, nunca suficientemente valorado, de tantas y tantas asociaciones de mujeres involucradas en la lucha por la dignidad y que siguen reivindicando a la mujer en igualdad. Asociaciones que deben seguir siendo impulsoras de la lucha por la igualdad y la justicia y por tanto colaboradoras necesarias de las instituciones llamadas a velar porque ni una sola mujer sufra por el mero hecho de serlo.

Reconocimiento en definitiva a que el llamado mundo civilizado sólo llegará a serlo cuando verdaderamente sea un mundo donde las mujeres no sólo sean sujetos de derecho sino también de hecho.