La sentencia absolutoria deja claro que no existía incompatibilidad alguna para la concesión de la citada licencia y que su solicitante reunía todos los requisitos necesarios. Aún resulta más trascendente que la resolución constata cómo los concejales de HB denunciantes -Santos María Espilla, María Elisa Arrieta y María Jesús Zubialdea- aportaron al procedimiento contencioso-administrativo datos incompletos que cuestionaban la explotación agropecuaria del solicitante de la licencia obviando otros cuya valoración evidenciaba que dicha explotación quedaba fuera de toda duda.

Del mismo modo, queda reconocida la corrección de los informes técnicos emitidos y el pronunciamiento del Ararteko sobre la existencia de todos los elementos para el otorgamiento de la licencia, exigiendo, incluso, al Ayuntamiento su concesión.

El alcalde de Etxebarria, Karmelo Gisasola, ha insistido en cómo "todo este proceso que arrancó en 1997 se enmarca dentro de la pugna política por la Alcaldía". El jeltzale ha denunciado que "lo lamentable es que, antes de la celebración del juicio penal y sin esperar su resultado, los concejales denunciantes solicitaron la ejecución forzosa de la sentencia que anulaba la licencia, lo que obligó al Ayuntamiento a demoler la vivienda construida".

Las consecuencias de ese "irresponsable proceder" en la actualidad son "que la familia titular de la vivienda se ha quedado sin casa y que el Ayuntamiento tiene que hacer frente a un proceso por los daños derivados a los afectados por la demolición", ha sentenciado el alcalde de Etxebarria, Karmelo Gisasola.