Los Ayuntamientos de Bizkaia tendrán capacidad normativa. Así lo han decidido las Juntas Generales de Bizkaia durante la sesión plenaria ordinaria del mes de marzo. La iniciativa ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos del arco político vizcaíno. La postura de EAJ-PNV en la Cámara, defendida por el portavoz del grupo, Jon Andoni Atutxa, ha sido muy concreta. Ha afirmado que “así lo indica nuestro Reglamento”, pero sobre todo porque nuestro grupo desea “promover una auténtica participación de los municipios en la función normativa”. “Tenemos semanas por delante para definir, para establecer cómo queremos articular y favorecer la participación de nuestros ayuntamientos en la construcción del marco normativo del territorio”, ha avanzado. Asimismo, “vamos a recuperar, en parte, la ancestral presencia de los representantes de las villas y anteiglesias en esta cámara de las Juntas Generales de Gernika. Sus propuestas, si así lo estiman oportuno, podrán volver a ser escuchadas y debatidas en Gernika”, ha recordado.

Entre las siete cuestiones debatidas en el Parlamento vizcaíno, merece especial atención también la decisión de las Juntas de modificar la norma de IRPF para regular el tratamiento fiscal de las devoluciones por las cláusulas suelo. El cambio normativo, que tendrá efectos desde el 1 de enero de 2017 y tendrá validez para los periodos impositivos anteriores ”no prescritos”, supone que las cantidades que reciban los contribuyentes afectados por estas cláusulas, queden exentas de tributar en el IRPF al no considerarse ganancias patrimoniales; si bien “sí estarán obligados a realizar una nueva liquidación” si hubo desgravación fiscal.Kontxi Claver ha defendido la postura de EAJ-PNV sobre esta modificación “para que las cantidades recuperadas y sus intereses no tributen como renta. Para ello, habrá que incluirse una disposición adicional en la Norma Foral de IRPF”, ha explicado. Con la aprobación de estas modificaciones, “lo que se pretende es dotar de seguridad a los consumidores y consumidoras que tratan de llegar a un acuerdo con las entidades de crédito”, ha concluido.

Otro de los asuntos relevantes del debate ha sido la propuesta del PP de instar a la Diputación a que tomase “las medidas necesarias” para poner fin al conflicto laboral en los centros residenciales. Jane EyreUrkieta se ha mostrado categórica al afirmar que en esta cuestión “existen dos derechos contrapuestos: el derecho a la huelga de las personas trabajadoras y el derecho de las personas residentes a una atención continuada y adecuada” y ha querido dejar claro que el conflicto debe enmarcarse “entre empresas y trabajadoras y trabajadores; por tanto, un conflicto laboral”, si bien ha mostrado “nuestro respeto más absoluto hacia las trabajadoras y a su derecho a reivindicar”. En la misma línea, ha explicado que únicamente se solucionará satisfactoriamente si se cierra un “acuerdo entre la patronal y los sindicatos” y ha apuntado que, “mientras tanto”, la Diputación Foral “no ha parado, porque la dignidad y la integridad de las personas mayores no se puede poner en huelga”. Para finalizar, Urkieta ha recordado que la Diputación está tomando ya las medidas necesarias para poner fin al conflicto laboral, “instando a las partes al acuerdo” y “actuando diligentemente para salvaguardarla dignidad y calidad de vida de las personas en situación de dependencia durante los días de huelga”.