El Parlamento Vasco ha analizado hoy la situación crítica del astillero de Sestao y las posibles soluciones para evitar su cierre. El debate ha unido a todos los grupos, y con una unanimidad poco habitual en la Cámara, las formaciones han suscrito una proposición en la que se insta a los Gobiernos vasco y español a poner todos los medios a su alcance para el mantenimiento de la actividad de La Naval y de sus empresas auxiliares. Se pide a Lakua la elaboración de un informe que estudie una posible participación de las instituciones públicas en la propiedad; informe que fundamente lo que el Gobierno puede hacer y es posible, y en el que ya se trabaja, tal y como anunció el Lehendakari Iñigo Urkullu en la sesión de control de la semana pasada.

El parlamentario jeltzale Luis Javier Telleria, que comenzaba su intervención solidarizándose con la plantilla y reconociendo la situación de dificultad del astillero, ha defendido la necesidad de buscar soluciones que se ajusten al marco normativo europeo y ha recordado la carta que la UE remitió al Lehendakari cuando éste se refirió a la posibilidad de entrar en el accionariado. Entonces ya se advirtió del riesgo de incurrir en una ayuda de estado si se actuaba de esta manera. Telleria ha reclamado un debate alejado de la demagogia y con soluciones que se ajusten a la legalidad y sean viables.

Lo determinante ahora, ha dicho, es encontrar un grupo inversor fiable capaz de reflotar la marcha del astillero. “Resulta imprescindible que existan socios referenciales que sepan del negocio y que, en casos como éste, la administración pueda aportar fondos y acompañar la gestión”.

El representante jeltzale ha recordado el trabajo de acompañamiento que viene desarrollando el Gobierno Vasco con La Naval para garantizar por un lado la construcción de la draga y por otro, atraer inversores que garanticen su viabilidad futura. “Fuera de las oportunidades más o menos urgentes de otros, el Gobierno, el Lehendakari y el Departamento de Desarrollo Económico con su Consejera Tapia a la cabeza, llevan esta legislatura y la anterior acompañando, trabajando en la búsqueda de soluciones, impidiendo acciones irreversibles y buscando accionistas; y no sólo cuando viene la oposición a preguntar o criticar”.

La Naval se encuentra ahora inmersa en un concurso de acreedores y cuando se proceda a su liquidación, ha manifestado, el Gobierno vasco podrá entonces plantearse la entrada en el accionariado. “Tras la salida del concurso de acreedores se puede volver a empezar, básicamente porque ya no tendremos una empresa en crisis; tendremos una empresa sin nada y con disposición de ser reflotada, con la posibilidad de que pueda venir un inversor fiable con un plan de viabilidad y ahí sí, ahí pueden las administraciones públicas dar ayudas de I+D o tomar participaciones de la misma siempre que no superen el 50% del total, que eso sería publificarla”.

Telleria ha insistido en que la publificación resulta una salida imposible por normativa y de ahí su petición para que se actúe dentro de la ley. “Además de ser una propuesta ilegal, sentaría un peligroso precedente. ¿Por qué La Naval sí y cualquier otra empresa no? Independientemente de que la consideremos una empresa estratégica, muchas otras empresas han pasado y pasarán por esta misma situación, y la solución no parece ser publificarlas”. En este sentido, ha advertido de que la función de una administración no puede ser solucionar los problemas de gestión de todas las industrias en crisis. “Si no existe un plan de empresa ni de futuro, la administración puede tener fondos, los de la ciudadanía, pero no puede actuar en unas empresas sí y en otras no. El Ejecutivo debe trabajar con todas por igual”.